El expresidente autonómico ha indicado que el PSPV ha “hecho saber” al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez que la posición del partido “sin ningún lugar a dudas” es favorable a la enmienda. “Hay que profundizar en la reforma de la Constitución”, ha abundado Puig.
Se trata de la recuperación de la capacidad valenciana de promulgar leyes civiles, suprimida en 1707 con la abolición de Els Furs (los Fueros), en materia de derecho de familia (uniones de hecho, custodia compartida y separación de bienes) y sucesorio. Un derecho civil con el que cuentan otras seis autonomías e incluso algunos pueblos de Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta mediante el Fuero de Baylío, tal como ha destacado Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), durante una rueda de prensa organizada por Juristes Valencians. Sin embargo, el derecho civil valenciano (una reivindicación “histórica”, según Sala) se quedó fuera de la Constitución de 1978. “Se trata de algo común a todo el derecho privado español”, ha destacado el expresidente del TC.
Las materias de derecho privado, avaladas por la reforma del Estatuto d'Autonomia pilotada en 2006 por el entonces president Francisco Camps, fueron declaradas inconstitucionales por el alto tribunal al entender que son competencia exclusiva del Estado.
Pascual Sala ha afirmado que se trata de “una ocasión óptima desde el punto de vista político y jurídico” para incluir el derecho civil valenciano en el próximo debate de reforma constitucional en el congreso, dado el consenso casi total entre los partidos y la sociedad civil.
José-Ramón Chirivella, presidente de la Associació de Juristes Valencians, ha tildado de “error” la decisión del TC y ha asegurado que la enmienda de adición llega en el “momento oportuno”. “Aquellos políticos que voten en contra de lo que piden las Corts Valencianes y los municipios estarán situándose fuera del Estatut d'Autonomia”, ha afirmado.
Y es que la posible inclusión del derecho civil valenciano necesita obligatoriamente de los votos de PP y PSOE. “No puede ser que en España la Constitución se cambie por la imposición de los políticos alemanes de turno”, a modo de “imposición europea y de Bruselas”, ha lamentado. “Nos estamos jugando el autogobierno”, ha agregado Chirivella, quien ha recordado que el actual president Carlos Mazón cuenta en Madrid con un interlocutor “espectacular”: Esteban González Pons, vicesecretario del PP. Aunque también ha reconocido que “en todos los partidos hay jacobinos y autonomistas”. “Es la última oportunidad real de hacerlo”, ha advertido. Tanto Mazón como Puig se han comprometido públicamente con la recuperación del derecho civil valenciano.
Por su parte, Vicent Soler, exconseller socialista de Hacienda, también ha recordado que la valenciana es la única comunidad autónoma con capacidad foral a la que no se le admitió durante la elaboración de la Constitución. “Una anomalía constitucional”, según ha dicho Soler. La Carta Magna “no es una camisa de fuerza”, ha asegurado el veterano académico y político del PSPV-PSOE, adscrito al ala valencianista.
Casi 300.000 valencianos en un limbo
Tres leyes autonómicas, aprobadas con mayoría del PP entre 2007 y 2012, fueron declaradas inconstitucionales (de régimen económico matrimonial, de relaciones familiares de los hijos y las hijas cuyos progenitores no conviven y de uniones de hecho). Sin embargo, tal como indica la proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del derecho civil valenciano, a casi 300.000 ciudadanos todavía “les resultan aplicables sus disposiciones”.
Así, tras la “interpretación rígida” del TC, la única vía en defensa del derecho civil foral valenciano pasa irremediablemente por la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución. “Ello, para poder garantizar el pleno ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas en igualdad de condiciones respecto del resto de comunidades autónomas con tradición foral”, indica la enmienda.
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