La travesía por el desierto del Juzgado de las Aguas de Orihuela para ser reconocido como órgano jurisdiccional

La dirección del juzgado privativo oriolano organiza, junto con la Asociación de Juristas Valencianos, unas jornadas para reivindicar su reconocimiento jurídico amparado por su importancia histórica y patrimonial 

El Juzgado de las Aguas de Orihuela

El Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela (JPAO) no se rinde, aunque se cansa de esperar. El próximo jueves, este ente que gobierna las aguas que fluyen por el río Segura, reanuda la lucha que emprendió hace años para ser reconocido jurídicamente como tribunal tradicional y consuetudinario, lo que le situaría a la misma altura que el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Será en unas jornadas reivindicativas donde se espera un importante desembarco de políticos valencianos y alicantinos. 

La travesía por el desierto del juzgado oriolano, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIII durante el reinado de Alfonso X El Sabio, empezó en enero de 2013 cuando el primero el Ayuntamiento de Orihuela y tres meses después la Diputación de Alicante solicitaron dicho reconocimiento. Un año después, Les Corts también dieron luz verde por unanimidad a una Proposición No de Ley para que el Congreso de los Diputados planteara una modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial. Se trataba de un procedimiento similar al que planteó y logró en 2005 el gobierno murciano. Pero a diferencia de este, Orihuela sigue esperando a que se desempolve la demanda. 

“Desde entonces hemos tenido varias reuniones y nadie sabe dónde está el expediente”, avanza con resignación Miguel Mazón. El secretario del JPAO confiesa que preguntaron al ministerio de Agricultura, que les remitió a Cultura, que les derivó a Justicia, “y nada, un desastre”. La petición volvió a cobrar fuerza en las jornadas que la Real Academia de Cultura Valenciana organizó en febrero de este año sobre el patrimonio cultural y jurídico de los Tribunales de Agua. Gracias a este encuentro, la Asociación de Juristas Valencianos se interesó por el bloqueo de este proceso y desde entonces ambas organizaciones están remando juntas para llevar la reivindicación a buen puerto. 

Una anécdota que revela “lo desconocido” que sigue siendo para la sociedad valenciana el Juzgado de las Aguas de Orihuela es la “sorpresa” que causó a los asistente a las jornadas de Valencia conocer que el primer documento y a su vez el más antiguo que se conserva de cualquier tribunal que imparta justicia en los regadíos pertenece al JPAO. Fechado en 1.275, establece las normas que debe seguir la administración de un riego ideado por los árabes y que, con la reconquista, Alfonso X abogaba por “seguir regando como se hacía en tiempo de moros”. 

Desde entonces se siguen resolviendo los litigios entre regantes “como se hacía de antes, con prácticamente las mismas indicaciones”, asegura Mazón. En la práctica, el salón de actos de la sede, situada en la planta baja de la calle Ruíz Capdepón, acoge una media de cinco juicios a la semana que se traducen en un centenar de sentencias anuales. El juez -que es a su vez el presidente de la Junta de Gobierno y del Tribunal de las Aguas-, y ocho vocales -que representan a cada una de las ocho acequias de la que se abastecen 8.800 regantes-, deliberan y emiten una resolución después de escuchar a las partes. 

¿Teniendo en cuenta que no son un tribunal consuetudinario, la parte declarada culpable asume su responsabilidad? Le preguntamos. “Llevo como secretario cuatro años y en todo este tiempo nadie ha recurrido ninguna sentencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es la opción que les queda y así les informamos”, responde este letrado. “Eso supone el respeto que los regantes siguen teniendo al Tribunal de las Aguas, cosa que ningún otro tribunal puede decir”, prosigue. 

¿Entonces qué supone exactamente que pasen a ser un tribunal tradicional y consuetudinario? “Tiene una doble trascendencia. Por un lado, sería una victoria moral porque significaría que se nos reconoce en la misma categoría que otros Tribunales de Agua”. Por otro lado, y desde el punto de vista jurídico “como tribunal consuetudinario nuestras resoluciones o sentencias solamente se pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional”. 

Senado y jornadas 

De todas estas cuestiones se hablará en las jornadas del próximo jueves 27 de septiembre en el salón de actos del Colegio de Abogados de Orihuela. Al acto está prevista la participación del director general del Agua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer, y del catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de València y vicepresidente de la AJV, José Bonet, entre otros. Se trata de un nuevo impulso al que hay que sumar el que se dará desde el Senado ese mismo jueves por la mañana cuando previsiblemente se apruebe una moción de Compromís en la que se insta al Congreso de los Diputados a presentar un proyecto de ley de modificación del artículo 19 del Poder Judicial en un plazo inferior de tres meses. 

“La casualidad ha querido que coincida ese día”, reconoce Jordi Navarrete, uno de los dos senadores de Compromís que defenderá un texto en el que, como el de Les Corts, se incluye la petición de iniciar los trámites necesarios para lograr la declaración del Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, distinción que de manera conjunta lograron los Tribunales de las Aguas de Valencia y Murcia en 2009. 

Pero las reivindicaciones no acaban aquí. Esa misma tarde, de nuevo en el Colegio de Abogados de Orihuela, varios representantes de los principales partidos políticos valencianos defenderán la importancia de recuperar para la autonomía el derecho civil que anuló el Tribunal Constitucional y que requiere de una modificación de la Constitución para salir adelante. Como paso previo, Les Corts deben aprobar dicha propuesta a través de una Proposición de Ley que la AJV espera que sea antes del 9 de octubre y que a ella se sume Ciudadanos, el único grupo parlamentario que de momento se niega. 

Por último, desde el Juzgado Privativo de las Aguas vuelven a poner su mirada en el gobierno valenciano al que le reclaman que prosperen las negociaciones que han iniciado con la conselleria de Cultura para digitalizar el fondo documental de su archivo histórico. Situado en la tercera planta del edificio, alberga tesoros como una sentencia de un juez de agua del año 1.436 escrita en un pergamino hecho con piel de ciervo, así como numerosos documentos del siglo XVI en adelante que están haciendo las delicias de los historiadores, investigadores y curiosos que se acercan.

Artículo escrito por: Emilio J. Martínez

Publicado en: Diario.es