L'Associació de Juristes Valencians ens ha fet esta felicitació nadalenca
Bon Nadal a tots i que el 2021 siga l'Any del Dret Civil Valencià
dimarts, 22 de desembre del 2020
divendres, 18 de desembre del 2020
Suport de la Unió de Llauradors al Dret Civil Valencià
Donem suport des de la @UnioLlauradors a la proposta de la @AJV_VAL per a la reintegració efectiva del dret civil valencià, important també per al nostre sector.
— LA UNIÓ (@UnioLlauradors) December 15, 2020
Aprofitem també per a recomanar llibre sobre la compravenda de cítrics al nostre territori que s'ha publicat pic.twitter.com/oPr6CPSNyi
Reunió entre el Delegat d'Autogovern i el President de AJV
👥El DG d'Autogovern, @iperezrico es reuneix amb el president de l'@AJV_VAL, José Ramón Chirivella, per a tractar del reconeixement del dret civil valencià amb una reforma de la Constitució. pic.twitter.com/AgVrTBbuFI
— GVAoberta (@GVAoberta) December 16, 2020
"La reforma sería tan breve que con modificar una simple frase bastaría"
Descripción de Morgan:
"La reforma sería tan breve que con modificar una simple frase bastaría"
VALÈNCIA. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias pedía ayer jueves al Congreso de los Diputados la tramitación de la reforma valenciana de la Constitución. Sobre esa cuestión hemos hablado en “Amanece Valencia” con la Associació de Juristes Valencians, que sigue en su empeño de conseguir que la Comunitat Valenciana recupere la capacidad legislativa en materia de Derecho Civil. En primer lugar, el presidente de la Associació, José Ramón Chirivella, ha señalado la importancia de que esta reforma se realice durante el año que viene, es decir, de una manera urgente. Piden que esta reforma se realice durante el año que viene, es decir, de una manera urgente.
Por su parte, Pepe Morgan, miembro de la Associació de Juristes Valencians, ha defendido esta reforma de la constitución como una forma necesaria de completar el espíritu de la Constitución, que no es otro que la existencia del Derecho foral. Un derecho autonómico que la Comunitat perdió cuando el Tribunal Constitucional anuló tres leyes básicas del Derecho de Familia Valenciano en el año 2016. La reforma sería tan breve que, según apunta Morgan, sería suficiente con modificar una simple frase. Además, señala que la tramitación de esta propuesta se ha visto paralizada por la pandemia, que lleva presentada en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de febrero. Eso sí, Morgan defiende que el debate sobre esta reforma ya se podría estar realizando, como sí ocurre con otras cuestiones. Por último, José Ramón Chirivella se ha mostrado confiado ante el apoyo de los ayuntamientos a esta reforma. De momento son 503 consistorios los que han mostrado su apoyo a esta propuesta y desde la Associació de Juristes esperan llegar hasta los 512, cifra de ayuntamientos que apoyaron el autogobierno valenciano en el año 1978.
Fuente: Plaza Radio; Amanece Valencia
dilluns, 7 de desembre del 2020
La única reforma posible de la Constitución en esta legislatura
El constitucionalismo valenciano solicita una reforma urgente de la Carta Magna.
Celebraremos el aniversario del referéndum constitucional de 1978, y tras 42 años de vigencia, parece llegado el momento de garantizar su actualización con modificaciones que cuenten con grandes consensos políticos para que la Carta Magna sea de todos los que se consideren españoles, y no de unos u otros.Y la que cuenta con los números para ser esa reforma consensuada, se publicó el pasado febrero en el Boletín de las Cortes Generales a instancia de cuatro fuerzas políticos muy diversas de las Cortes Valencianas
En efecto, al igual que la Comunidad de Madrid ha defendido la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas consagrada por la constitución Española evitando intromisiones del gobierno de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias respecto a sus competencias en la gestión de la crisis económica o sanitaria derivada de la pandemia, o en el diseño de su política fiscal, diferentes sectores cívicos valencianos han promovido un gran acuerdo político de derecha a izquierda para que la Comunidad Valenciana, vuelva a disponer de leyes en materia civil una facultad reconocida por el Congreso hace casi 15 años, y que por motivos históricos es la base de la personalidad valenciana, como se sabe, cuestionada por el soberanismo catalanista que intenta apropiarse de la literatura valenciana, la cultura o incluso su gastronomía y fiestas.
Un recorrido histórico
Felipe V en 1707 abolió los Fueros Valencianos, con la falsedad de que toda la población del Reino de Valencia era seguidora del Archiduque Carlos de Austria, cuando en realidad el primer Borbón contó con muchos seguidores inicialmente entre los valencianos y por ello algunos municipios como Peñíscola mantienen plazas al nieto de Luis XIV de Francia.
La importantísima Ilustración Valenciana ampliamente representada en las Cortes de Cádiz y la figura señera de Gregorio Mayans ejemplifican la voluntad del pueblo valenciano, a lo largo de la historia, por recuperar su derecho civil propio. En la Comunitat Valenciana, existe un sentimiento colectivo de apego a las instituciones de derecho privado propias en materia de sucesiones, familia y agricultura.
La relevancia de los carlistas en el Reino de Valencia deriva de su compromiso con los Fueros, y en los proyectos de Estatuto de la Segunda República partidos tan dispares como los tradicionalistas aliados de Calvo-Sotelo, la Derecha Regional Valenciana – la CEDA valenciana- o los republicanos de todas las tendencias, promovían la recuperación del derecho regional tal y como lo tenían aragoneses, navarros o catalanes.
En España nunca ha existido unidad legislativa civil, porque siempre se han reconocido las especialidades hisrtóricas navarras, aragonesas, mallorquinas. El General Franco dotó de coherencia a las normas forales a través de las compilaciones.
La deslealtad de Zapatero
Con la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, promovida por el Partido Popular - siendo Conseller de Justicia Fernando de Rosa- y aprobada también por casi 300 diputados en el Congreso dada su condición de Ley Orgánica, se articuló en base a la previsión constitucional del artículo 149.1.8 la reintegración de un derecho foral que a través del principio de conexión histórico permitiera a la asamblea autonómica legislar en esas materias, tal y como hacían el resto de los parlamentos autonómicos donde existía derecho foral propio.
Las Cortes pero también el Congreso de los Diputados aprobaron, mediante el sistema de doble lealtad que rige la aprobación de las Leyes Orgánicas constituyentes de las Comunidades Autónomas, una reforma que posibilitaba la recuperación de una competencia en un territorio, De esta forma, el antiguo Reino de Valencia, que fue el primer lugar de España donde se había legislado en derecho común en el siglo XIII a iniciativa de Jaime I, volvía a regular su derecho civil propio.
Tristemente, la deslealtad con los valencianos del Presidente Zapatero - como denunció Esteban Gonzalez Pons - que interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la primera de las leyes civiles derivadas del Estatuto que él mismo como diputado aprobó, determinó que años después y pese a que la inclusión de la competencia en el Estatuto y por tanto en el bloque de Constitucionalidad nunca fue recurrida, abocó al Tribunal Constitucional a fallar- no sin votos particulares - a derogar la legislación de derecho civil foral moderna producida, pero manteniendo sus efectos para los 300.000 valencianos a los que se siguen aplicando los efectos de las leyes valenciana de derecho de familia (custodia compartida, separación de bienes a falta de pacto económico matrimonial o la ley de uniones de hecho).
La sociedad civil reacciona:
Con motivo del fallo contra la Ley de Custodia Compartida en diciembre del año 2016, la Associació de Juristes Valencians comenzó una campaña para la reintegración del derecho civil valenciano, que permitiera hacer plenamente efectiva la previsión del Estatuto de Autonomía como parte esencial del bloque de constitucionalidad en la Carta Magna. Y para ello propuso una modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución que subsana la anomalía, y que cuenta con el apoyo del Partido Popular y de los partidos que forman parte del Gobierno de Ximo Puig.
En paralelo se ha ido generando con la suma de apoyos a esta reforma un movimiento cívico, participativo, transversal que ha logrado a más de un centenar de entidades representativas de la sociedad civil de toda índole empresariales, sindicales, de agricultores, autónomos, abogados, culturales, de profesionales, universidades o sociales junto con la aprobación de una moción en 502 Ayuntamientos, que representan al 98% de la población y las Diputaciones Provinciales de Castellón, Valencia y Alicante.
Nunca antes una causa había concitado tanto apoyo social y municipal, esto ha llevado a que la asamblea autonómica con un amplio consenso por primera vez iniciase un proceso de reforma constitucional que en febrero de este año llegó a la mesa del Congreso de los Diputados.
Desde Juristes Valencians están dispuestos a que la aportación legislativa valenciana al conjunto del derecho civil español vuelva a ser una realidad, y a que la voluntad de Les Corts y el Congreso expresada como manifestación democrática de la voluntad de la soberanía nacional sea una realidad que además permita la reintegración del derecho civil español en toda su configuración constitucional e histórica: Común, Foral y Especial.
Es el momento de demostrar que cabe una modificación constitucional leal con el propio espíritu de la misma que permita a los partidos con sentido de estado volver a la senda de los acuerdos, en un momento tan polarizado como el vivimos es una oportunidad para el consenso nos dicen José Ramón Chirivella y José Morgan García, presidente y portavoz de Juristes Valencians.
¿Por qué es necesaria la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución?
Estamos subsanando una anomalía, no tiene sentido que el territorio que tuvo el primer derecho civil romano propio sea el único que a día de hoy no disponga de la competencia. Es incomprensible que mediante una ley orgánica aprobada también por Congreso y Senado se conceda la capacidad de regular la materia civil, con el mismo alcance de otras 6 Comunidades Autónomas, que la tienen, y que en la práctica no sea posible regular los aspectos sucesorios de la empresa familiar o dotar de efectos civiles a las uniones de hecho.
Los grupos políticos valencianos están proponiendo una solución constitucional para el autogobierno valenciano desde una actitud de lealtad con el resto de España. Desde hace más de 4 años, carecemos de una parte muy importante del autogobierno valenciano, Es injusto que el Congreso no restituya urgentemente la competencia, Meritexell Batet debe oír la demanda de la sociedad valenciana.
Nuestro movimiento se define por ser ante todo constitucionalista, el espíritu de la carta magna es el de incluir el derecho civil español en toda su configuración, el tradicional a partir del principio de conexión histórica.
¿Supone abrir el melón de la reforma Constitucional?
No, en absoluto. Cuando se aprobó la reforma del Estatuto en el año 2006, se confirió esa capacidad legislativa. Esta modificación constitucional , supone reforzar más si cabe el espíritu de los padres constituyentes, que no hicieron más que reconocer en la carta magna la tradición del derecho civil en España, que nunca fue uniforme. Esto no es más que la consecuencia de que España sea una nación con una larga historia, que a lo largo de este tiempo ha sabido integrar toda esa riqueza diversa, pasando toda ella a formar parte del patrimonio jurídico español.
El que se oponga a esta reforma técnica traiciona el espíritu del constitucionalismo español, que tenía claro que debía actualizarse a necesidades sobre las que los ciudadanos mayoritariamente demandaran la adaptación a los tiempos actuales. Consideramos que la mejor forma de defender la Constitución es adaptarla a los grandes acuerdos de la sociedad, como ocurre en los países europeos occidentales desarrollados como Alemania, Francia, o Italia. La propuesta valenciana de reforma es el ejemplo perfecto de una modificación constitucional apoyada y promovida por la sociedad.
¿El derecho Civil Valenciano es una seña de identidad en la Comunitat Valenciana?
Si lo es. Es además la más privativa y originaria del pueblo valenciano. Además puede ser la más cohesionadora y transversal ya que afecta a todos los vecinos de los municipios de Castellón Valencia y Alicante. Valenciano parlantes y castellano parlantes todos por el hecho de ser vecinos administrativamente de alguno de los municipios de las tres provincias.
Supone además un dique de contención frente a posibles injerencias de proyectos expansionistas de otros territorios; Los valencianos tuvimos un derecho propio emanado de las Cortes Valencianas, en el marco de la corona de Aragón, diferenciado del catalán o del aragonés. Supone un rasgo distintivo como lo es para los navarros su foralidad que es distinta por ejemplo de la de cada provincia del País Vasco.
¿Es viable que esta reforma menor de la Constitución se apruebe esta legislatura?
Los grupos políticos constitucionalistas, que ya aprobaron el Estatuto desde el año 2006 ( PP y PSOE) junto a otras fuerzas como Unidas Podemos y grupos regionalistas como Teruel Existe o UPN garantizan la aprobación de la reforma, por superar los 2/3 de diputados y senadores que se requieren por el procedimiento ordinario de reforma del art. 167 de la Constitución. Exigimos lealtad con los valencianos a los diputados nacionales, y esperamos que Ciudadanos también apoye la adecuación constitucional a la Ley Orgánica que aprobó el Estatuto.
No se trata de dotar de más autogobierno, sino de hacer efectiva una competencia que en el año 2006 sólo cuestionó el PNV. Es la hora de que el PP y el PSOE cumplan con la sociedad valenciana.
La opinión de los profesionales
Fernando Mut: Vicepresidente de “España Cívica” y Presidente Honorífico de “Sociedad Civil Valenciana”:
La petición supone una aceptación positiva del reconocimiento de las tradiciones, de la forma en que los valencianos, a lo largo de la historia, hemos organizado nuestra vida en común. En el marco irrenunciable de la defensa de la Constitución Española que, tras cuarenta y dos años de convivencia en paz y libertad, nos ha permitido un desarrollo social y económico como jamás se conoció en este país- la creación de un marco jurídico propio, derivado de nuestra tradición, debe ser reconocido y amparado como parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado.
Manuel Almarcha, Decano del Colegio de Abogados de Orihuela: El Estatuto Valenciano, aprobado mediante Ley Orgánica consensuada por el PP y el PSOE, dotaba de capacidad legislativa a las Cortes Valencianas para elaborar leyes modernas de derecho civil. Los 8 colegios de abogados valencianos, y en general la abogacía valenciana, apoyamos la tramitación urgente de esta mejora técnica de la Constitución para que a lo largo del año 2021 dispongamos de leyes que den una respuesta moderna y social en materia de derecho de familia.
Pilar Marco, Presidenta de UEFACC y Custodia Compartida Ya:
En la Comunidad Valenciana, necesitamos por seguridad jurídica y por el bien de los menores cuyos padres no viven juntos la recuperación de la Ley Valenciana de Custodia Compartida. Las leyes valencianas de familia fueron ejemplo de normas nuevas y modernas, que como se constató en el periodo 2006-1016 previo a los fallos de Tribunal Constitucional, sirvieron como ariete para la mejora y modernización del conjunto de la legislación española, hasta el extremo que el TS fijó criterio en materia compartida inspirándose en la ley valenciana que se produjo a tal efecto.
Publicado en: El Confidencial
Autor: Fernando García Bonet
La reforma constitucional que demenen els valencians
UNA COMPETÈNCIA PRESENT EN ALTRES COMUNITATS
Separació de béns, llibertat de testar ... La reforma de la Constitució Espanyola que demanen els valencians
Meritxell Batet té a sobre de la taula des de febrer una proposició de reforma de la Constitució perquè les autonomies puguen legislar en dret civil. Aragó o Catalunya ja ho fan
Espanya començava a llegir titulars sobre un estrany virus que havia provocat diverses morts a la Xina i s'havia estès a Itàlia, amb alguns casos importats a la península després del partit de Champions que van jugar l'Atalanta i el València CF a Milà, quan el 28 de febrer el Butlletí Oficial de Congrés dels Diputats va publicar una proposta de reforma de la Constitució Espanyola que gairebé no va tenir ressò a la capital de país. Si hagués arribat d'Esquerra Republicana, de Unides Podem o de Vox, segurament hauria consumit tinta a les rotatives i megabytes a les redaccions digitals. Però no, la iniciativa va arribar de les Corts Valencianes, amb el suport al parlament autonòmic d'una àmplia majoria composta de PSPV-PSOE, Compromís, Podem i el Partit Popular. Només Ciutadans i Vox es van despenjar de l'consens transversal.
En resum, la proposició que la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, té a sobre de la taula des de fa gairebé deu mesos ia la qual no ha donat tràmit encara proposa incloure un paràgraf en la disposició addicional segona de la Carta Magna que reconegui la capacitat legislativa en matèria civil a tots aquells territoris que tinguin recollits en els seus estatuts aquesta competència d'acord amb el seu dret civil històric o foral. Per portar-ho a assumptes pràctics: el que pretén la Cambra valenciana és poder legislar en temes com el règim matrimonial, la custòdia dels fills en cas de divorcis o separació o les herències de béns i patrimonis.
En realitat, la proposició no busca sinó generalitzar una competència que ja exerceixen comunitats com Aragó, Catalunya, el País Basc o Navarra, en virtut de compilacions acceptades pel règim franquista, que van ser recollides en el Codi Civil de 1974 i respectades en la Constitució a través del seu article 149.1.8, que estableix la competència exclusiva de l'Estat en matèria de legislació civil, entenent aquesta "sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament per les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials, allà on n'hi haga ". Una possibilitat que el Tribunal Constitucional no ha permès fins ara a la Comunitat Valenciana.
La proposta de reforma constitucional, treballada amb una tasca de formiga en recerca de suports autonòmics i municipals (més de 500 ajuntaments la recolzen) per l'Associació de Juristes Valencians (AJV), té el seu origen en la garrotada que el Tribunal Constitucional va donar el 2016 a diverses lleis aprovades per les Corts durant el segon mandat de l'popular Francisco Camps a l'empara de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006, que contemplava la recuperació de el dret civil foral.
Sobre estos fonaments es van aprovar la llei de custòdia compartida, que fixava la custòdia compartida automàtica de fills en separacions o divorcis en el cas que no hi hagués un acord diferent o resolució judicial; la llei de règim econòmic matrimonial valencià, amb la separació de béns per defecte en el moment de el matrimoni civil, a l'contrari del que passa ara, que és en ganancials; i la llei d'unions de fet. Juristes de l'associació promotora defensen més la necessitat de poder legislar en matèria de successions, per tal d'ampliar la llibertat de testar, superant el sistema actual de legítimes de el Codi Civil en vigor, per poder distingir, per exemple, patrimoni empresarial i familiar i garantir així la continuïtat de les empreses familiars, claus en el teixit econòmic valencià.
Les sentències de l'Constitucional, amb el vot particular d'el magistrat Juan Antonio Xiol, han assenyalat que l'Estatut valencià de 2006 no té "cap rellevància competencial" i va interpretar que les normes autonòmiques vulneraven el marc de el Codi Civil i la competència l'Estat per legislar en aquestes matèries. Les lleis van quedar anul·lades, però els acords civils i els drets adquirits durant el temps en què van estar en vigor es van mantenir, per tal d'evitar una allau de correccions i la confusió social.
La Comunitat Valenciana va legislar fins a 2016 sobre custòdia compartida o separació de béns
Precisament el fet que la immensa majoria d'aquests acords s'haga conservat d'acord en les normes civils que van ser anul·lades sense que els seus protagonistes decidissin modificar-los, és un dels principals arguments dels promotors de la reforma de la Constitució per recuperar la capacitat legislativa. "Els 250.000 casats entre l'1 de juliol de 2008 i 31 de maig de 2016 mantenen el règim econòmic matrimonial de separació de béns, que preveu la Llei 10/2007, de 20 de març, a més a 15.000 parelles se'ls continua aplicant la coneguda com llei valenciana de custòdia compartida, i més de 25.000 valencians, que conviuen com a unió de fet, mantenen efectes civils, dels quals no tenen les noves unions de fet constituïdes a partir de el 15 de juliol de 2016 ", assenyala l'exposició de motius de la proposta de reforma remesa a al Congrés dels Diputats.
"En el període en què els matrimonis es regien pel règim de separació de béns no hi va haver capitulacions per a modificar-cap a una societat de ganancials, en canvi, després de la volta a esste règim matrimonial de ganancialidad, hem tornat a realitzar capitulacions cap a la separació de béns de forma constant ", explica la secretària de la AJV, Susi Boix per justificar la demanda social d'el canvi. A l'marge de la reivindicació de el dret a legislar normes civils des de l'autonomia per la qual advoquen les formacions que donen suport a la iniciativa, hi ha un corrent d'opinió entre els juristes de la AJV, que presideix José Ramón Chirivella, que el Codi Civil té aspectes desactualitzats, aliens a la realitat social, però en els que la falta de consens impedeix la seua reforma. És l'opinió de l'exmagistrat de la Sala del Civil de l'Tribunal Suprem, Javier Orduña, defensor també de el dret valencià a recuperar la seva capacitat de legislar.
El que busca esta iniciativa és que s'afegeixa un segon paràgraf a la disposició addicional segona de la Constitució que quedaria aixina: "La competència legislativa civil de les comunitats autònomes, assumida als seus propis estatuts d'acord amb l'article 149.1.8a de la Constitució, s'estendrà a la recuperació i l'actualització del seu dret privat històric d'acord en els valors i els principis constitucionals ".
El problema per als promotors de la reforma, considerada com a menor i, per tant que no necessitaria d'un referèndum, és que l'ampli consens entre les formacions en presència a les Corts Valenciana al voltant de la reivindicació de poder legislar en matèria de dret civil (que no necessàriament implica consens en els continguts a legislar) no té correlació en l'àmbit de l'Estat. Ni el PSOE ni el Partit Popular a nivell nacional s'han decidit fins ara a posar sobre la taula esta modificació, que arriba a més des d'un únic territori. Ciutadans i Vox ja s'han pronunciat obertament contra la reforma, per considerar que trenca la uniformitat de el dret civil a l'Estat. I sense voluntat dels que podrien propiciar aliances per sumar la majoria de tres cinquens necessària per al canvi, la proposició corre risc de quedar sepultada 'sine die' entre lligalls sobre l'escriptori Meritxell Batet.
Publicat a: El Confidencial
Autor: Víctor Romero
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